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29/05/2026 20:42 | Actualizado a 30/05/2026 00:00

 Tras una intervención de la Digesett para recuperar un espacio de la calle Canela Mota, ocupado por una hilera de motoconchistas, una orden de la gobernadora provincial, Ángela Yadira Báez, desautorizó a los agentes y devolvió el control de la vía pública a los transportistas informales.

La medida de las autoridades del tránsito local despertó el respaldo inmediato de los ciudadanos, ya que prometía devolver el orden, la seguridad y la fluidez a la zona. Sin embargo, el optimismo duró poco, porque el avance hacia la legalidad se convirtió de repente en un retroceso institucional.

La problemática se concentra en la calle Canela Mota, en el tramo desde la Presidente Billini hasta la calle Sánchez, dónde está ubicado el Parque Infantil Encarnación Echavarría, mejor conocido como «La Avenida».

En este tramo, una hilera de motoconchistas se ha adueñado del espacio público, obstruyendo el estacionamiento de quienes asisten a centros médicos, oficinas públicas y plazas comerciales, además de asfixiar el flujo vehicular y peatonal.

Ante el clamor y las constantes denuncias de los munícipes, la Digesett ejecutó un operativo de desalojo que devolvió la tranquilidad temporal a la zona. No obstante, los motoconchistas afectados acudieron en masa a la Gobernación Provincial para exigir soluciones.

Tras el encuentro, la gobernadora Ángela Yadira Báez intervino directamente y ordenó a la Digesett el retiro de la fuerza pública, exigiendo, específicamente, que dejaran «tranquilos» a los motoristas.

Más allá del retorno del caos vehicular y el perjuicio económico a los comercios locales, esta intervención de la gobernadora de Peravia asesta un fuerte golpe a la autoridad del tránsito.

Al desautorizar de forma pública a la Digesett, la Gobernación envía el mensaje perjudicial porque deja interpretar que las leyes de tránsito y el espacio público son negociables bajo medios de presión .

Lo más grave es que este tipo de acciones resta principio de autoridad a los agentes de tránsito, dejándolos de brazos cruzados frente a la ilegalidad y desprotegiendo al ciudadano que exige orden.

Por el momento, el problema ha vuelto a su punto de origen, porque los motoconchistas han recuperado «su» espacio exclusivo en la calle Canela Mota, mientras los comercios de la zona, los usuarios de servicios y los conductores banilejos quedan atrapados en un desorden protegido por la propia representación del Poder Ejecutivo local.