• Redacción | miércoles, 29 julio 2026

La promulgación del nuevo Código Penal marca un punto de inflexión para el siste­ma jurídico dominicano. Tras años de debates, aplazamientos y controversias, el país dispone de una legislación que procura responder a las transformaciones sociales, tecno­lógicas y delictivas del siglo XXI. Aunque ninguna norma nace perfecta, el paso dado por el Poder Ejecutivo y el Congreso representa un avance que no debe subestimarse.

La decisión del presidente Luis Abinader de promulgar la ley y, al mismo tiempo, crear mediante decreto una comisión de seguimiento para evaluar su aplicación y proponer futuras reformas, envía una señal de prudencia institucional. Reconoce que el derecho penal no es una obra terminada, sino un instrumento vivo que debe evolucionar conforme cambian la sociedad y sus desafíos.

Durante años, una parte de la discusión pública estuvo dominada por las diferencias sobre aspectos específicos del proyecto. Es legítimo que en una democracia existan discre­pancias sobre el alcance de determinadas dispo­siciones. Sin embargo, también era evidente que mantener indefinidamente un Código Penal desfasado suponía un costo para la seguridad jurídica, la persecución del delito y la confianza ciudadana en las instituciones.

La incorporación de nuevas figuras delictivas responde precisamente a esa necesidad de actuali­zación. Los delitos vinculados a las nuevas tecnologías, las modalidades contempo­ráneas del crimen organizado y otras conductas que hace décadas no existían requieren herra­mientas legales acordes con la realidad actual. Un Estado moderno no puede combatir fenómenos del presente con normas concebidas para otro tiempo.

Igualmente acertada resulta la conformación de una comisión plural integrada por reconocidos juristas y representantes del ámbito periodístico. Su misión de acompañar la implementación, promover el conocimiento de la nueva legislación y canalizar propuestas de mejora ofrece un mecanismo institucional para corregir vacíos o perfeccionar disposiciones que la experiencia práctica revele como insuficientes.

Quienes sostienen que el Código aún requiere modificaciones probablemente tengan razones atendibles en determinados aspectos. Pero esas observaciones encuentran ahora un cauce democrático y técnico para ser debatidas, sin paralizar la vigencia de una reforma largamente esperada. La perfección no puede convertirse en enemigo del progreso.

La institucionalidad se fortalece cuando las leyes se actualizan y, al mismo tiempo, perma­necen abiertas al perfeccionamiento responsable. Esa parece ser la ruta escogida por el Gobierno con la creación de esta comisión. Corresponde ahora a las autoridades aplicar la norma con rigor, a los operadores de justicia interpretarla con equilibrio y a la sociedad parti­cipar de manera constructiva en su evalua­ción. Solo así el nuevo Código Penal podrá consolidarse como una legislación moderna, eficaz y acorde con las exigencias de una República Dominicana que continúa fortaleciendo su Estado de derecho.