• Redacción | jueves, 30 abril 202

La intervención de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambien­te de la Conferencia del Episco­pado Dominicano coloca en el centro del debate público un tema que trasciende coyunturas: la relación entre desarrollo económico, protección de los recursos naturales y sostenibi­lidad del país. Su llamado a resguardar las cordilleras Central y Septentrional de actividades mineras reabre una discusión esencial sobre el modelo de crecimiento que demanda la nación.

 Ambas cordilleras representan mucho más que formaciones geográficas. Constituyen siste­mas naturales estratégicos para la estabilidad hídrica nacional. En sus montañas nacen ríos, se recargan acuíferos y se alimentan presas, canales de riego y fuentes que sostienen comu­nidades enteras. Su conservación, por tanto, no responde únicamente a criterios ambientales, sino también a necesidades sociales, productivas y humanas de primer orden.

 La preocupación expresada por la Pastoral se concentra en el agua como recurso vital. En un país vulnerable a sequías, eventos climáticos extremos y presión creciente sobre sus cuencas, cualquier actividad capaz de alterar suelos, modificar cursos naturales o comprometer la calidad del líquido debe ser evaluada con el mayor rigor técnico e institucional. La experiencia internacional y los casos locales muestran que los costos ambientales pueden extenderse por décadas.

La referencia a la presa de Hatillo recuerda que los impactos sobre los reservorios y sistemas acuáticos no son hipótesis abstractas. La sedimentación, la contaminación y el deterioro de cuencas tienen efectos directos en el abastecimiento humano, la agricultura, la gene­ración energética y la salud pública. 

 Cuando el agua se afecta, se compromete una cadena completa de bienestar nacional. El respaldo ofrecido a las comunidades que reclaman preservación mediante vías pacíficas también resalta el valor democrático de la participación ciudadana. Escuchar a las poblaciones vinculadas a esos territorios fortalece la institucionalidad y permite decisiones más legítimas y duraderas. El país necesita políticas capaces de armonizar inversión, empleo y protección ambiental. El progreso no puede medirse solo por la rentabilidad inmediata, sino por su capacidad de sostener la vida y garantizar oportunidades futuras. 

Allí donde nace el agua, también nace la responsabilidad nacional. Proteger las cordilleras es, en última instancia, proteger el porvenir de todos.

La República Dominicana posee un patrimo­nio natural excepcional, marcado por la diver­sidad de sus ecosistemas, la riqueza de sus cordilleras, sus múltiples microclimas y una biodiversidad que sostiene la agricultura, el turismo y la calidad de vida de la población. Defender ese capital natural no es una opción secundaria, sino una condición indispensable para cualquier proyecto serio de desarrollo.