• Redacción | viernes, 24 abril 2026

La Iglesia Católica, a través de la Confe­rencia del Episcopado Dominicano, ha fijado una postura clara y oportuna frente al Diálogo Nacional impulsado por el Gobierno, orientado a construir consensos para enfrentar los efectos de la actual crisis internacional. Su planteamiento pone en el centro una preocupación esencial: la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que suelen recibir con mayor dureza el impac­to de las turbulencias económicas y socia­les.

La voz de la Iglesia, en este contexto, adquiere especial relevancia no solo por su auto­ridad moral, sino por su constante cercanía con las realidades humanas más sensibles. Los obispos han insistido, con acierto, en la necesidad de articular respuestas que prioricen la ­dimensión social de la crisis, evitando que las consecuencias recaigan desproporcionadamente sobre quienes ya enfrentan condiciones de precariedad.

Junto a ello, la Conferencia del Episcopado plantea la urgencia de desarrollar un proceso comunicacional efectivo y transparente, así como una estrategia nacional clara frente al complejo escenario internacional derivado de las tensiones en Oriente Medio. La incertidumbre provocada por el conflicto entre potencias y actores estratégicos como Estados Unidos, Israel, Irán y otros países de la región, genera efectos que trascienden fronteras y repercuten directamente en economías dependientes de la importación energética, como la dominicana.

En efecto, los países no productores de petróleo enfrentan serias dificultades ante el ­incremento sostenido de los precios del crudo y sus derivados. Para la República Dominicana, esto significa mayores presiones sobre el Presupuesto General del Estado, un aumento en los costos de producción y una inevitable repercusión sobre el crecimiento económico. La energía más costosa impacta el transporte, la agropecuaria, la industria y el comercio, generando una cadena inflacionaria que termi­na afectando, principalmente, a las familias de menores ingresos.

A ello se suma el encarecimiento de materias primas y servicios logísticos, incluyendo el transporte marítimo y aéreo, así como los fletes internacionales. Este panorama exige prudencia, previsión y decisiones oportunas que permitan reducir la vulnerabilidad nacio­nal frente a factores externos que escapan al control interno.

En este marco, resulta pertinente valorar la iniciativa del Gobierno de convocar un diálogo amplio y plural. La participación de líderes políticos, académicos, empresariales, religio-sos e intelectuales fortalece la posibilidad de construir respuestas sostenibles y compartidas. No se trata únicamente de administrar una coyuntura económica, sino de preservar la ­estabilidad social y fortalecer la cohesión ­nacional.

La crisis actual demanda responsabilidad colectiva. Más allá de las diferencias, el país necesita unidad de criterio, visión de largo plazo y compromiso con el bien común. La Iglesia recuerda, con razón, que toda estrategia económica debe tener un rostro humano. En tiempos de incertidumbre, el verdadero desa­rrollo se mide también por la capacidad de ­proteger la dignidad de las personas y de sostener la esperanza de toda la sociedad.