El aumento de los precios internacionales de los combustibles vuelve a colocar a la República Dominicana ante una realidad que no puede ignorar: somos una economía dependiente de la importación de energía y, por tanto, vulnerable a aconteci­mientos que ocurren mucho más allá de nuestras fronteras.

El Gobierno ha decidido mantener una política de subsidios para evitar que las alzas internacionales se trasladen de manera plena a los consumidores. Se trata de una medida que ayuda a contener el impacto inmediato sobre los hogares, el transporte, la producción y los servicios. En las últimas semanas, el Estado ha destinado miles de millones de ­pesos a este propósito, mientras el Ministerio de Hacienda ha advertido que el costo podría alcanzar los RD$50,000 millones si persiste la situación internacional.

Pero precisamente por la magnitud de esos recursos, el país debe mirar más allá de la coyuntura.

República Dominicana no es productora de petróleo y depende fundamentalmente de la importación de combustibles refinados. Esto significa que las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las rutas de suministro, la capacidad internacional de refinación y las variaciones de los mercados energéticos ­terminan teniendo consecuencias sobre nuestra economía.

El impacto no se limita al precio que paga el conductor en una estación de combustibles. El encarecimiento de la energía puede repercutir sobre el transporte de mercancías y pasajeros, los costos de producción, la agricul­tura, el comercio, los servicios y, finalmente, sobre los precios que pagan las familias. Es un efecto que puede extenderse por toda la economía.

Por eso, el subsidio debe entenderse como un mecanismo de protección ante situaciones extraordinarias, pero no como sustituto de una política energética de largo alcance. La experiencia actual debería servir para acelerar la diversificación de la matriz energética, ­ampliar la participación de las fuentes reno­vables, fortalecer el uso del gas natural donde resulte conveniente y promover una mayor eficiencia en el consumo.

También se requiere una planificación que permita enfrentar futuras crisis sin que cada episodio internacional obligue al Estado a ­realizar esfuerzos fiscales crecientes para conte­ner los precios internos. La transición energética no es únicamente una cuestión ­ambiental: es también un asunto de seguridad económica y nacional.

El país no puede controlar el precio internacional de los combustibles ni los conflictos que alteran sus mercados. Sí puede, sin embar­go, reducir gradualmente su exposición a ellos.

El desafío consiste en utilizar la coyuntura actual, no solamente para proteger al consu­midor de hoy, sino para construir las condiciones que permitan al país depender menos de los combustibles importados mañana.