La seguridad vial constituye uno de los grandes desafíos nacionales y exige respuestas que trasciendan las campañas de orientación para traducirse en acciones permanentes de prevención, vigilancia y aplicación de la ley.

En ese sentido, merece respaldo la iniciativa de los organismos gubernamentales de transporte dirigida a ordenar la circulación de vehículos pesados y fortalecer la fiscalización de los motociclistas en las vías públicas.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el apoyo del Fideicomiso RD Vial, ha puesto en marcha una estrategia que contempla señalización y orientación en autovías, autopistas y circunvalaciones, para recordar a los conductores de camiones y patanas la obligatoriedad de desplazarse por el carril derecho, conforme establece la legislación vigente.

La disposición, que estará acompañada de sanciones para quienes incumplan la normativa, constituye una medida necesaria para reducir situaciones de riesgo en carreteras donde la circulación inadecuada de ­vehículos de carga puede comprometer la seguridad de miles de personas. No se trata de imponer restricciones arbitrarias, sino de hacer cumplir una regulación concebida para organizar el tránsito y prevenir accidentes.

Igualmente importante es el fortalecimiento de los operativos conjuntos del Intrant y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dirigidos a los motociclistas que irrespetan las disposiciones legales.

Las motocicletas representan un medio fundamental de transporte y sustento para numerosos dominicanos. Sin embargo, esa realidad no justifica la conducción temeraria, la invasión de carriles ni el desconocimiento de las señales y normas de circulación. La protección de quienes utilizan este medio también requiere educación, orientación y condiciones adecuadas para ­desplazarse con seguridad.

La incorporación de una grúa plataforma a las labores de fiscalización, junto con equipos destinados al mantenimiento de semáforos, contribuye a ampliar la capacidad operativa de las instituciones. La seguridad vial también depende del funcionamiento adecuado de las infraestructuras y los dispositivos de regulación del tránsito.

A estas acciones se suman los controles de velocidad en las carreteras y la coordinación con los ayuntamientos para ordenar las rutas y los espacios establecidos para la circulación de camiones y patanas dentro de las ciudades.

República Dominicana enfrenta una situación ­preocupante por la elevada incidencia de accidentes de tránsito y sus consecuencias humanas, sociales y económicas. Cada vida perdida representa una tragedia familiar y una razón más para fortalecer la prevención, la prudencia y el respeto a las normas.

El resultado de estas iniciativas dependerá, sin embargo, de su continuidad y eficacia. Las campañas de concienciación deben complementarse con fiscali­zación sistemática, sanciones aplicadas sin privilegios, formación ciudadana y evaluación periódica de las medidas adoptadas.

Asimismo, se requiere una coordinación sostenida entre las instituciones nacionales y los gobiernos ­municipales, de manera que las disposiciones no se limiten a operativos circunstanciales, sino que formen parte de una política integral de seguridad vial.

La ley de tránsito debe cumplirse en todas las ­circunstancias y por todos los usuarios de las vías públicas. Proteger la vida es una responsabilidad compartida que exige autoridades comprometidas y ciudadanos conscientes de sus deberes. La seguridad en las carreteras debe prevalecer sobre cualquier prisa, conveniencia o conducta irresponsable.