La violencia que azota a Haití ha alcan­zado una dimensión estremecedora y constituye, cada día más, una amenaza directa contra la población civil. Los ataques perpetrados por grupos armados, incluso contra espacios destinados al culto y la protección de las comunidades, ­evidencian hasta qué punto la inseguridad ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar la vida y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La gravedad de la situación obliga a mirar la crisis haitiana más allá de sus expresiones criminales. Detrás de cada víctima hay una familia, una comunidad y una historia de vida interrumpida. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares, sus traba­jos y sus escuelas para escapar de la violencia. La tragedia, por tanto, no puede medirse solamente en cifras de muertos o desplazados: también debe medirse en el deterioro de las condiciones humanas de una población sometida durante demasiado tiempo al miedo y la incertidumbre.

Los sucesivos episodios de violencia y el debilitamiento de las instituciones demuestran que el problema requiere una respuesta internacional sostenida y coordinada. Haití necesita recuperar la capacidad del Estado para ejercer autoridad legítima sobre su terri­torio, enfrentar a las organizaciones criminales y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Pero esa tarea no puede limitarse al componente coercitivo.

La seguridad debe acompañarse de asistencia humanitaria, atención a los desplazados, protección de niños y familias vulne­ra­bles, recuperación de los servicios esenciales y apoyo a las instituciones públicas. Al mismo tiempo, resulta indispensable avanzar hacia un proceso político que permi­ta reconstruir la institucionalidad y abrir el camino a elecciones democráticas, bajo condiciones que garanticen la participación de los ciudadanos.

La comunidad internacional tiene una ­responsabilidad importante, pero la recons­trucción de Haití no puede ser concebida como una tarea exclusivamente externa. Los propios haitianos deben ocupar un lugar ­central en la definición de su futuro. La coope­ración internacional debe contribuir a crear las condiciones para que puedan recuperar progresivamente el control de sus insti­tuciones, reconstruir su economía y resta­blecer la convivencia.

Para la República Dominicana, la crisis plantea además legítimas preocupaciones de seguridad nacional y exige mantener una frontera segura y ordenada. Sin embargo, proteger el territorio dominicano y atender la dimensión humanitaria de la crisis haitiana no son objetivos contradictorios. Ambos pueden y deben formar parte de una política responsable.

Haití necesita menos declaraciones y más acciones coordinadas: seguridad, ayuda huma­nitaria, fortalecimiento institucional, recuperación económica y una ruta política viable. La comunidad internacional no puede acostumbrarse a una tragedia que amenaza con convertirse en permanente.

Responder a esta crisis significa, ante todo, defender la vida y la dignidad de millo­nes de personas. Haití necesita recuperar la paz, pero también la posibilidad de recons­truir su futuro con sus propias manos.