El desarrollo de una nación no puede medirse únicamente por la altura de sus edificios ni por la magnitud de sus obras, sino por su capacidad para transfor­mar territorios, generar oportunidades y mejorar la vida de sus ciudadanos.

Bajo esa premisa adquiere particular relevancia la exposición del presidente Luis Abinader desde su sede provisional en Santiago, donde planteó la creación y el fortalecimiento de nuevos polos de desarrollo regional.

La idea de llevar inversión, infraestructura y empleo hacia distintos puntos del país merece ser respaldada como una política de Estado. Durante décadas, la concentración de oportunidades alrededor de Santo Domingo ha provocado desplazamientos internos que, además de presionar los servicios de la capital, han limitado el crecimiento equilibrado de otras regiones.

El propósito de que el desarrollo deje de concentrarse exclusivamente en torno a Santo Domingo constituye, por tanto, una visión necesaria. Pero descentralizar no significa simplemente trasladar obras: implica crear ecosistemas productivos capaces de sostener empleos de calidad, atraer inversiones, forta­lecer los servicios y retener el talento en las propias comunidades.

En ese contexto, Santiago ocupa una posición estratégica. El anuncio de que el Mono­rriel entrará en fase de prueba el próximo octubre representa un paso trascendental para una ciudad que enfrenta desde hace años importantes desafíos de movilidad.

La obra, que ya ha generado 2,917 empleos directos y ha servido también como espacio de formación técnico-profesional, trasciende su función como sistema de transporte. Puede convertirse en una pieza fundamental para ordenar el crecimiento urbano, conectar zonas productivas y educativas y elevar la compe­ti­tividad de la segunda ciudad del país.

También resulta relevante la autopista del Ámbar, proyectada como conexión estratégica entre Santiago y Puerto Plata, con una estima­ción de 2,000 empleos directos y 4,800 indirectos. Su ejecución debe estar acompañada, sin embargo, por el cumplimiento riguroso de las evaluaciones ambientales y los procesos de participación pública.

Habrá quienes consideren que estas inver­siones podrían concentrar nuevamente el desa­rrollo en determinados territorios. La respuesta debe estar en una planificación nacional que garantice que cada región encuen­tre su propia vocación productiva y reciba la infraestructura necesaria para desa­rrollarla responsablemente.

La verdadera modernidad no consiste sola­mente en construir grandes obras, sino en lograr que estas abran caminos de prospe­ridad.

El desafío ahora es convertir los anuncios en resultados medibles, garantizar continuidad a los proyectos y asumir la descentralización como política permanente de Estado. Porque cuando el progreso deja de tener una sola direc­ción y comienza a llegar a todos los terri­torios, el país entero avanza.