Por Celso Alberto Pichardo 
- Redacción | jueves, 11 junio 2026
Las declaraciones del presidente Luis Abinader reafirmando que no permitirá que las bandas armadas haitianas se acerquen a la frontera dominicana constituyen un mensaje de firmeza que responde a una de las mayores preocupaciones de la nación en el actual contexto regional. Ante el progresivo deterioro de la seguridad en Haití, la defensa de la soberanía nacional no puede ser objeto de vacilaciones ni de improvisaciones.
La República Dominicana comparte con Haití una extensa frontera terrestre y una compleja realidad histórica, económica y humana. Sin embargo, la crisis que afecta al vecino país ha alcanzado niveles sin precedentes, caracterizados por el avance de grupos armados que desafían la autoridad estatal y amenazan la estabilidad de amplias zonas del territorio haitiano. En esas circunstancias, corresponde al Estado dominicano actuar con previsión, responsabilidad y determinación.
La estrategia presentada por el Gobierno, que incluye el reforzamiento militar de la frontera, la ampliación de la verja perimetral inteligente, la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia y el aumento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, responde a la obligación constitucional de garantizar la integridad territorial y la seguridad de los ciudadanos. Ninguna nación responsable puede permanecer indiferente cuando riesgos externos tienen el potencial de afectar su estabilidad interna.
No obstante, la seguridad fronteriza no debe limitarse exclusivamente al componente militar. Resulta acertado que las autoridades vinculen la protección del territorio con iniciativas de desarrollo económico y social en las provincias fronterizas.
La modernización de los mercados binacionales, la expansión de ls servicios públicos, la creación de infraestructura estratégica y el fortalecimiento de oportunidades para las comunidades de la zona, constituyen herramientas indispensables para consolidar una frontera más segura y más dinámica.
Asimismo, la recuperación de espacios históricamente afectados por ocupaciones irregulares y la reorganización de áreas sensibles como Tilory, representan acciones que contribuyen al fortalecimiento de la autoridad del Estado y al ordenamiento territorial, elementos esenciales para una gestión fronteriza eficiente.
La República Dominicana ha demostrado históricamente solidaridad con el pueblo haitiano. Pero la solidaridad no puede confundirse con la renuncia al deber soberano de proteger el territorio nacional. Ambas responsabilidades son compatibles y deben ejercerse con equilibrio.
En tiempos de incertidumbre regional, la defensa de la frontera constituye una política de Estado que trasciende coyunturas políticas y gobiernos. La seguridad nacional, la soberanía y el orden son principios que deben preservarse con firmeza, prudencia y visión de largo plazo.