• Nelson Reyes Estrella | martes, 21 abril 2026

En la República Dominicana, cada vez que colapsa un puente o se reportan daños estructurales en vías o infraestructuras cercanas a ríos, la retórica oficial suele girar en torno a fenómenos naturales como La Niña y El Niño, así como a las lluvias intensas asociadas al cambio climático. Sin embargo, esta narrativa omite un factor determinante: la extracción indiscriminada de materiales por parte de granceras y la débil, cuando no inexistente, capacidad del Estado para regularlas.

El discurso y la práctica del desarrollo no pueden seguir utilizándose como excu­sa para la depredación de nuestros recursos estratégicos. La extracción de agrega­dos es necesaria, pero debe realizarse bajo reglas estrictas, en zonas delimitadas y con controles gubernamentales institucio­nales. Lo contrario es hipotecar la estabi­lidad de nuestros ríos y la seguridad de nuestras infraestructuras.

No se trata solo de autorizar o no una concesión, sino de garantizar que cada intervención cumpla con criterios científicos, ambientales y de seguridad. Cuando el Estado permite, tolera o no supervisa adecuadamente estas actividades, deja de ser árbitro para convertirse, por acción u omisión, en parte del problema.

   En algunos países de Europa, la gestión de los ríos responde a una lógica de equilibrio ecológico y seguridad territorial, donde se invierten millones en restaurar sedimentos y devolver materiales a los cauces naturales, precisamente para evitar erosión, inundaciones y daños a ­infraestructura. Es decir, se paga por ­corregir lo que la naturaleza desplaza.

En la República Dominicana ocurre, lamentablemente, lo contrario: se paga —o se autoriza— destruir los ríos mientras están vivos para satisfacer las necesidades de las granceras, que compran favo­res políticos e institucionales para, de manera impune, degradar estos ecosiste­mas, de los más complejos, importantes y necesarios para el Estado.

A diferencia de esos modelos de gestión, aquí no solo se autoriza la extracción de agregados, sino que, en muchos casos, se tolera la alteración profunda del cauce, afectando su morfología, su estabilidad y su función ecológica. No estamos hablan­do de una actividad extractiva controlada, sino de prácticas que, en los hechos, equivalen a una intervención agresiva del sistema fluvial. Más grave aún, estas ­operaciones no se sostienen únicamente por la iniciativa privada. 

En torno a ellas se ha configurado una estructura de intereses que muchos ciuda­danos perciben como verdaderos cárteles extractivos, con niveles de influencia que superan incluso otros esquemas ilegales. 

En palabras del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en una actividad realizada en la UASD en 2022: “yo pensaba que los cárteles eran los de las drogas, pero los verdaderos cárteles son las granceras”. Esta percepción no surge del vacío: se alimenta de la impunidad, la complicidad, la persistencia de prácticas irregulares y la inacción de las autoridades llamadas a regular.

Cuando se remueve material del lecho de un río sin criterios técnicos, se alteran los flujos hidráulicos y se incrementa la vulnerabilidad de infraestructuras adyacentes, tales como puentes, carreteras y comunidades enteras que dependen del río. La infraestructura no colapsa por sorpresa; colapsa porque fue debilitada sistemáticamente. Es un proceso acumulativo, silencioso, pero devastador.

El río Camú, en Puerto Plata, es el caso más reciente, pero históricamente en esta misma provincia se han hecho decenas de denuncias sobre el río Bajabonico. Incluso, uno de los implicados, Pedro Juan Reyes, fue llevado a la justicia acusado de secuestrar a la periodista Indira Vásquez y a su acompañante, José M. de la Cruz, mientras realizaban un reportaje sobre la extracción de material en este río, señalado en múltiples ocasiones por la intensidad de la actividad extractiva y sus efectos sobre el entorno. También destaca la muerte de Francisco Ortiz, asesinado en momentos en que se opuso a la extracción de arena del río Tireo, en Constanza.

A estos ríos se suma una lista interminable de cuerpos hídricos que constantemente ocupan las páginas de los medios. Entre los más emblemáticos e importantes están el Yuna, a su paso por Bonao, en Monseñor Nouel, y el Nizao, en la provincia Peravia. A pesar de que las comunidades y organizaciones ambientalistas denuncian de forma reiterada, no reciben respuestas satisfactorias de las autoridades y, como consecuencia, han visto transformar sus ríos en canales degradados, con efectos directos en la seguridad hídrica, la agricultura y la conectividad vial durante las temporadas de lluvias