Las intensas lluvias registradas en los últimos días en diversas provincias del país, especialmente en el Gran Santo Domingo, han vuelto a poner en eviden­cia una realidad: la fragilidad del siste­ma de drenaje pluvial en varias zonas urbanas de la República Dominicana. 

El reciente episodio climático, asociado a una vaguada que provocó fuertes precipi­taciones, dejó un saldo preocupante: viviendas anegadas, comunidades incomunicadas y decenas de familias desplazadas. Sectores como Los Ríos, en el Distrito Nacional, eviden­cian como el desbordamiento de cañadas impacta directamente en la vida coti­diana de la población.

La raíz del problema es compleja. Por un lado, el crecimiento urbano acelerado, muchas veces desordenado, ha llevado a la ocupación de zonas vulnerables, cercanas a ríos, arroyos y cañadas. Por otro, la insuficiencia de las infraestructuras de drenaje exis­tentes, limitan la capacidad de respuesta ante eventos climáticos cada vez más intensos, en el contexto del cambio climático. A esto se suma la inadecuada gestión de resi­duos sólidos, cuya acumulación obstruye los sistemas de desagüe y agrava las inunda­ciones.

Frente a esta realidad, resulta impostergable una acción coordinada entre el Estado y los gobiernos locales. La respuesta no puede limitarse a la atención de emergencias, aunque esta haya sido oportuna en el caso reciente, con la movilización de institu­ciones y la asistencia a los afectados. Se requie­re una visión de largo plazo que articu­le el crecimiento urbano con infraes­tructuras resilientes.

En este sentido, es necesario avanzar hacia un plan nacional de drenaje pluvial, sustentado en criterios técnicos unificados, que priorice las zonas de mayor riesgo. La asignación de recursos debe ser continua y estratégica, evitando la fragmentación de proyectos. Asimismo, la coordinación entre el Gobierno Central y las Alcaldías resulta clave para garantizar tanto la ejecución como el mantenimiento de las obras.

Igualmente, importante es fortalecer la gestión de residuos sólidos mediante campa­­ñas de educación ciudadana y la aplicación efectiva de normativas. El ordena­miento territorial, con controles sobre el uso del suelo, debe impedir la expansión de asentamientos en áreas vulnerables. A su vez, la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza —como áreas verdes y siste­mas de absorción— puede complementar la ingeniería tradicional.

Las lluvias no deberían traducirse en caos urbano. Cada episodio de precipitaciones ­intensas revela una vulnerabilidad que puede ser corregida. Invertir en drenaje ­pluvial no es solo una decisión técnica: es un compromiso con la seguridad de la población. Y en esa prioridad debe coincidir toda la nación.