Por Celso Alberto Pichardo 
La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) solicitó al Gobierno dominicano el aplazamiento inmediato de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos, al considerar que su aplicación en el contexto actual agravaría la situación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El gremio empresarial también instó a abrir un proceso de revisión integral de la normativa, con el objetivo de corregir lo que califican como “efectos distorsionantes” sobre el aparato productivo nacional.
Según Codopyme, el escenario económico actual —marcado por tensiones geopolíticas, la crisis en Haití y los esfuerzos del Gobierno por contener la inflación— no es compatible con la imposición de nuevas cargas a las Mipymes, que representan más del 98% del tejido empresarial dominicano.
El presidente del gremio, Fernando Pinales, advirtió que la aplicación de la ley generaría costos acumulativos que inevitablemente se trasladarán al consumidor final.
“No es coherente hablar de contención de precios mientras se incrementan los costos de producción”, señaló, al tiempo que alertó sobre el impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares.
Codopyme expresó además preocupación por la estructura de gobernanza del fideicomiso vinculado a la ley, señalando posibles conflictos de interés que a su juicio, comprometen la transparencia del sistema.
El gremio indicó que el esquema actual podría favorecer la concentración del mercado en un grupo reducido de empresas del sector de residuos sólidos, mientras excluye a pequeños productores.
Asimismo, denunció que en lo que va de año se han planteado aumentos en las tarifas, lo que refuerza las dudas sobre la sostenibilidad del modelo.