• Redacción | jueves, 28 mayo 2026

La irrupción de la tecnología en la educación dejó de ser, hace tiempo, una posibilidad futura para convertirse en una realidad cotidiana. Teléfonos inteligentes, redes sociales, plataformas digitales y dispositivos electrónicos pasaron a formar parte del universo escolar con una velocidad superior a la capacidad de muchos sistemas educativos para regularlos.

En ese contexto, la Orden Departamental 011-2026 emitida por el Ministerio de Educación establece un marco normativo que busca ordenar una práctica que, por años, se desarrolló con escasa supervisión y criterios dispares.

La nueva disposición fija reglas claras para el uso de celulares y pantallas en los centros ­educativos públicos y privados, diferenciando su aplicación por niveles formativos: prohibición total en educación inicial, restricciones en primaria y utilización pedagógica regulada en secundaria. Más que una limitación tecnológica, la medida representa un intento de equilibrar innovación, aprendizaje, salud emocional y convi­vencia escolar.

La decisión responde a una preocupación global sustentada en estudios, debates académicos y experiencias educativas internacionales que advierten sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en la atención, el rendimiento académico, el desarrollo socioemocional y la interacción humana. La escuela, concebida como espacio de formación integral, no puede permanecer ajena a esas evidencias ni delegar por completo en las familias una responsabilidad compartida.

Resulta significativo que la normativa no plantee una confrontación con la tecnología, sino una regulación de su sentido y propósito. La discusión contemporánea ya no gira en torno a excluir los recursos digitales del proceso ­educativo, sino a garantizar que su integración responda a objetivos pedagógicos definidos, con supervisión adecuada y límites razonables.

La incorporación de protocolos internos en cada centro, la formación dirigida a docentes, familias y personal administrativo, así como las medidas vinculadas a privacidad, protección de datos y prevención del ciberacoso, amplían el alcance de una normativa que reconoce los ­desafíos de una sociedad marcada por la hiperconectividad y la expansión de la inteligencia artificial.

Sin embargo, la adopción de estas reglas también pone de relieve una realidad incómoda: muchas de las disposiciones ahora formalizadas debieron acompañar desde el inicio la entrada masiva de dispositivos móviles en las aulas. La ausencia prolongada de lineamientos claros abrió espacios de improvisación, desigualdad de criterios y usos poco compatibles con los fines educativos.

Regular no significa retroceder frente al avance tecnológico. Significa asumir que toda herramienta poderosa requiere orientación, ­responsabilidad y propósito. En una época donde la atención se fragmenta y la interacción digital redefine las relaciones humanas, educar también implica enseñar cuándo conectarse, cómo hacerlo y por qué.

Porque la calidad educativa del siglo XXI no dependerá únicamente del acceso a la tecnología, sino de la capacidad colectiva para convertirla en un instrumento de conocimiento, convivencia y formación humana.